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Regulación Ambiental y Mitigación de Impacto en Proyectos de Energías Renovables

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10 meses ago

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La transición hacia fuentes de energía renovable es un pilar fundamental para combatir el cambio climático y promover un desarrollo sostenible. Sin embargo, la implementación de proyectos de energías renovables, como parques eólicos, solares o hidroeléctricos, puede generar impactos significativos en los ecosistemas locales si no se gestionan adecuadamente. Por esta razón, las regulaciones ambientales y las estrategias de mitigación de impacto han cobrado una relevancia crucial en América Latina, especialmente en países como México, donde la expansión de estas tecnologías ha generado tanto beneficios como debates sobre sostenibilidad. Este artículo explora las regulaciones ambientales aplicadas a los proyectos de energías renovables, las medidas de mitigación de impacto y los desafíos asociados, con un enfoque en la región latinoamericana.

Regulaciones Ambientales en Proyectos de Energías Renovables

En América Latina, los proyectos de energías renovables están sujetos a estrictas regulaciones ambientales diseñadas para minimizar su impacto en el medio ambiente. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) titulado «Regulaciones Ambientales para Energías Renovables en América Latina» (2023), las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) son un requisito obligatorio en la mayoría de los países de la región. Estas evaluaciones buscan identificar y mitigar los posibles efectos negativos de los proyectos en ecosistemas locales, comunidades y recursos naturales antes de que se inicie la construcción.

Por ejemplo, en México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que cualquier proyecto que pueda alterar el medio ambiente debe someterse a una EIA exhaustiva. Esta evaluación incluye un análisis de los impactos en la biodiversidad, el uso del suelo, los recursos hídricos y las comunidades locales. Además, las autoridades ambientales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), supervisan el cumplimiento de estas regulaciones, exigiendo medidas específicas de mitigación cuando se identifican riesgos significativos.

En otros países, como Brasil y Chile, también se han implementado normativas similares. En Brasil, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) regula los proyectos energéticos, mientras que en Chile, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establece los procedimientos para garantizar que los proyectos cumplan con estándares ambientales estrictos. Estas regulaciones reflejan un compromiso regional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (Acción por el clima).

Estrategias de Mitigación de Impacto

Para garantizar que los proyectos de energías renovables sean sostenibles, se implementan diversas estrategias de mitigación de impacto. Estas medidas buscan reducir los efectos negativos sobre los ecosistemas y, en algunos casos, generar beneficios adicionales para el medio ambiente. Algunas de las estrategias más comunes incluyen:

  1. Monitoreo continuo de emisiones: Los proyectos renovables, aunque generan menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, pueden tener impactos indirectos, como la alteración de hábitats o el uso intensivo de recursos durante la construcción. Para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, como los establecidos por el Acuerdo de París, se realiza un monitoreo continuo de las emisiones asociadas a la construcción, operación y desmantelamiento de las instalaciones.

  2. Restauración de áreas afectadas: En casos donde los proyectos afectan áreas naturales sensibles, como bosques, humedales o zonas de alta biodiversidad, se exige la restauración de los ecosistemas impactados. Por ejemplo, en México, proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec han implementado programas de reforestación para compensar la deforestación causada durante la construcción de parques eólicos. Según ONU Medio Ambiente (2023), estas iniciativas han permitido recuperar más de 10,000 hectáreas de bosques en la región en los últimos cinco años.

  3. Compensación de la huella de carbono: Los proyectos que generan emisiones inevitables durante su ciclo de vida deben compensar su huella de carbono a través de mecanismos como la compra de créditos de carbono o la financiación de proyectos de reforestación. En México, empresas como Iberdrola han invertido en programas de reforestación en Oaxaca para mitigar el impacto de sus parques eólicos, contribuyendo a la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad.

  4. Consulta previa a comunidades locales: En muchos países de América Latina, las regulaciones exigen la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y locales que puedan verse afectadas por los proyectos. Este proceso, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca garantizar que las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan su territorio y recursos.

Desafíos en la Implementación de Regulaciones

A pesar de los avances en la regulación ambiental, la implementación de estas normativas enfrenta varios desafíos. En México, por ejemplo, los proyectos eólicos y solares en zonas sensibles, como el desierto de Sonora o el Istmo de Tehuantepec, han generado controversias debido a los impactos en ecosistemas frágiles y comunidades indígenas. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2022), la falta de participación efectiva de las comunidades locales en los procesos de consulta previa ha generado conflictos sociales en más del 30% de los proyectos renovables en la región.

Otro desafío es la capacidad institucional de los gobiernos para supervisar el cumplimiento de las regulaciones. En algunos países, la falta de recursos humanos y técnicos dificulta el monitoreo continuo de los proyectos, lo que puede llevar a violaciones ambientales. Además, la presión por acelerar la transición energética a veces entra en conflicto con los tiempos necesarios para realizar evaluaciones ambientales exhaustivas, lo que puede comprometer la calidad de las medidas de mitigación.

Casos de Estudio: México y la Sostenibilidad

México es un caso paradigmático en el debate sobre la sostenibilidad de los proyectos renovables. El país ha experimentado un crecimiento significativo en la capacidad instalada de energía eólica y solar, con más de 7,000 MW de capacidad eólica y 8,000 MW de capacidad solar en 2023, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Sin embargo, proyectos como el parque eólico de Gunaa Sicarú en Oaxaca han enfrentado críticas por su impacto en la biodiversidad local, incluyendo especies en peligro de extinción como el jaguar y el ocelote.

Para abordar estos problemas, el gobierno mexicano y las empresas han implementado medidas innovadoras. Por ejemplo, el proyecto solar de Puerto Libertad en Sonora incluyó un plan de restauración de hábitats para proteger la flora y fauna del desierto. Además, se han establecido corredores ecológicos para permitir la migración de especies afectadas por la infraestructura. Estas iniciativas demuestran que, con una planificación adecuada, es posible equilibrar el desarrollo de energías renovables con la conservación ambiental.

Conclusión

Las regulaciones ambientales y las estrategias de mitigación de impacto son esenciales para garantizar que los proyectos de energías renovables en América Latina contribuyan al desarrollo sostenible sin comprometer los ecosistemas locales. Si bien existen avances significativos, como las evaluaciones de impacto ambiental y los programas de restauración, persisten desafíos relacionados con la participación comunitaria y la capacidad institucional. En México, los debates sobre la sostenibilidad de los proyectos eólicos y solares destacan la necesidad de un enfoque equilibrado que integre el desarrollo energético con la conservación ambiental. A través de un marco regulatorio robusto y medidas de mitigación efectivas, la región puede avanzar hacia un futuro energético limpio y sostenible.

Referencias

  • Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente). (2023). Regulaciones Ambientales para Energías Renovables en América Latina. Recuperado de [URL del informe, si está disponible].

  • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Energías Renovables y Desarrollo Sostenible en América Latina. Recuperado de [URL del informe, si está disponible].

  • Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2023). Informe Anual sobre Energía Eólica en México. Recuperado de [URL del informe, si está disponible].

  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). Lineamientos para Evaluaciones de Impacto Ambiental en México. Recuperado de [URL del documento, si está disponible].

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Tecnología aplicada a redes eléctricas inteligentes en Argentina

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1 mes ago

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Colaboración convergencia.tech: 

La transición energética argentina no solo depende de la generación de energía limpia, sino también de la capacidad de las redes eléctricas para absorber, distribuir y gestionar de manera eficiente los flujos de electricidad variables que caracterizan a las fuentes renovables. En este contexto, la tecnología aplicada a redes eléctricas inteligentes —conocidas internacionalmente como smart grids— emerge como el componente crítico que define si la transición será exitosa o quedará truncada por cuellos de botella infraestructurales. A junio de 2026, Argentina muestra avances puntuales pero fragmentados en esta dirección, con proyectos pioneros que apuntalan un camino aún largo por recorrer.
Las redes eléctricas inteligentes representan una evolución radical respecto al modelo tradicional de distribución de energía. Mientras que las redes convencionales operan con flujos unidireccionales —desde las grandes centrales generadoras hacia los consumidores finales— las smart grids incorporan sistemas de información y control automatizados que responden en tiempo real a las fluctuaciones de la producción y la demanda. Esto permite administrar de forma remota y con rapidez todo lo relacionado con el punto de suministro, conocer el estado de cada nodo, segmento y elemento de la red, y aumentar la eficiencia operacional de las líneas.
En Argentina, la necesidad de smart grids es particularmente urgente por dos razones estructurales. Primera, la matriz energética está incorporando rápidamente fuentes renovables variables —eólica y solar— cuya producción depende de condiciones climáticas impredecibles. Segunda, el sistema de transmisión nacional (SADI) presenta cuellos de botella crónicos que limitan la evacuación de la energía generada en zonas de alto recurso renovable (Patagonia, noroeste) hacia los centros de demanda (Buenos Aires, Córdoba, Rosario).
Los avances más concretos en materia de redes inteligentes en Argentina durante 2026 se concentran en tres áreas:
1. Almacenamiento de energía en baterías (BESS) El desarrollo más significativo es la incorporación masiva de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés). En septiembre de 2025, Argentina adjudicó su primera licitación de BESS con 667 MW de proyectos, superando la meta de 500 MW. En marzo de 2026, lanzó una segunda licitación por 700 MW adicionales. Estos sistemas actúan como amortiguadores del sistema: almacenan energía cuando la producción renovable excede la demanda y la liberan cuando la generación cae, suavizando las curvas de carga y reduciendo la necesidad de centrales térmicas de respaldo.
Trina Storage, clasificada como octava integradora global de sistemas de almacenamiento en el reporte de S&P Global Energy 2025, firmó contratos en enero de 2026 por 1.203 GWh de sistemas BESS en América Latina, incluyendo proyectos con YPF Luz en Argentina. La compañía entregó 1,2 GWh de sistemas BESS en la región durante 2025 y mantiene un pipeline de varios gigavatios-hora en proyectos en ejecución y en etapas avanzadas. Los sistemas incluyen baterías, sistemas de conversión de potencia (PCS), equipos de media tensión y sistemas SCADA, proporcionando soluciones integradas diseñadas para una integración segura, eficiente y confiable en sistemas eléctricos a escala de utilities.
2. Transmisión financiada por el sector privado Un hito estructural fue la aprobación bajo RIGI del Parque Eólico Olavarría en marzo de 2026, desarrollado por PCR junto con Acindar (ArcelorMittal). Este proyecto, con una inversión de 275 millones de dólares, es la primera iniciativa de generación renovable del país que incorpora infraestructura de transmisión financiada por el sector privado e integrada al SADI. Incluye la construcción de una línea de transmisión de 25 km que conecta el parque con la estación transformadora de Olavarría, así como la ampliación y repotenciación de capacitores en las estaciones de Olavarría y Ezeiza.
Este modelo de transmisión privada es clave para las smart grids porque descongestiona los puntos de estrangulamiento del sistema y permite una mayor penetración de renovables. La IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, financia este proyecto con la expectativa de que catalice inversiones adicionales en activos críticos de transmisión que repliquen este modelo, desbloqueen capacidad renovable adicional a nivel nacional y mejoren la eficiencia y resiliencia del sistema eléctrico argentino.
3. Digitalización y gestión predictiva Aunque aún incipiente, comienzan a surgir iniciativas de digitalización en la gestión de redes. El proyecto de Ley de Transición Energética presentado por CADER en abril de 2026 incluye un capítulo específico sobre infraestructura de redes, que aborda la modernización tecnológica necesaria para soportar una matriz con alta penetración de renovables. La propuesta contempla la creación de un Instituto Autárquico para el desarrollo del sector energético, que entre sus funciones incluiría la supervisión técnica de la evolución de las tecnologías de red.
En el ámbito privado, empresas como YPF Luz —que opera parques solares y eólicos en múltiples provincias— están incorporando sistemas de monitoreo remoto y control predictivo para optimizar la generación y reducir el curtailment (energía renovable desperdiciada por falta de capacidad de evacuación). En Chile, Trina Storage implementa un proyecto de 141 MW / 722 MWh en Copiapó que reduce el curtailment solar y permite la entrega desplazada en el tiempo de electricidad limpia, un modelo replicable en Argentina.
Los desafíos técnicos y regulatorios A pesar de estos avances, Argentina enfrenta desafíos estructurales para la implementación de smart grids a escala nacional:
  • Fragmentación del sistema: El SADI está dividido en múltiples regiones con diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Mientras que el área metropolitana de Buenos Aires cuenta con sistemas de medición relativamente modernos, muchas provincias del interior operan con infraestructura obsoleta.
  • Falta de estándares unificados: No existe un marco normativo que establezca protocolos de comunicación, ciberseguridad e interoperabilidad para los dispositivos conectados a la red. Esto dificulta la integración de tecnologías de diferentes proveedores.
  • Inversión insuficiente en distribución: La mayor parte de la inversión energética argentina se ha concentrado en generación (RenovAr, RIGI), dejando de lado la red de distribución de media y baja tensión, que es donde reside el verdadero potencial de las smart grids para gestionar la demanda.
  • Ciberseguridad: A medida que las redes se digitalizan, aumenta la exposición a ciberataques que podrían comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Argentina aún no cuenta con una regulación específica de ciberseguridad para infraestructura crítica energética.
  • Capacitación de recursos humanos: La transición a smart grids requiere perfiles profesionales nuevos —ingenieros de datos, especialistas en ciberseguridad, técnicos en sistemas SCADA— que escasean en el mercado laboral argentino.
Oportunidades para el sector tecnológico Para empresas de tecnología como convergencia.tech, el campo de las redes eléctricas inteligentes en Argentina presenta oportunidades concretas:
  1. Plataformas de gestión de demanda: Desarrollar software que permita a los distribuidores gestionar la carga en tiempo real, implementando tarifas dinámicas y programas de respuesta a la demanda.
  2. Predicción de generación renovable: Aplicar inteligencia artificial y machine learning para predecir la producción de parques eólicos y solares con horizontes de minutos a horas, permitiendo una programación más eficiente de las centrales de respaldo.
  3. Sistemas de monitoreo de activos: Implementar soluciones IoT para el monitoreo predictivo de transformadores, líneas y subestaciones, reduciendo las fallas no planificadas y los costos de mantenimiento.
  4. Ciberseguridad OT/IT: Ofrecer servicios especializados de protección de infraestructura operacional (OT) frente a amenazas cibernéticas, un nicho aún virgen en Argentina.
  5. Integración de BESS con redes: Desarrollar algoritmos de control que optimicen el ciclo de carga/descarga de las baterías en función de los precios spot, la disponibilidad de renovables y las restricciones de la red.
El camino hacia adelante Argentina tiene los recursos naturales, el potencial técnico y los ejemplos pioneros para avanzar hacia un sistema eléctrico inteligente. Lo que le falta es una visión integrada que una los esfuerzos dispersos en generación, transmisión, distribución y almacenamiento bajo una estrategia de smart grid nacional. El proyecto de Ley de Transición Energética de CADER es un primer paso en esa dirección, pero requiere complementarse con inversiones concretas en digitalización de la red de distribución, capacitación de recursos humanos y regulación de ciberseguridad.
Para convergencia.tech y empresas similares del ecosistema tecnológico argentino, la oportunidad está en desarrollar soluciones adaptadas a las particularidades del mercado local: una red fragmentada, alta penetración de renovables variables, costos de capital elevados y una demanda creciente de eficiencia operativa. Las smart grids no son el futuro lejano de la energía argentina: son la condición necesaria para que el presente de las renovables no se convierta en un problema de estabilidad del sistema.
Fuentes verificadas:
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Estado del plan RenovAr y nuevas licitaciones 2026:

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1 mes ago

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¿qué queda del programa estrella de las renovables?

El plan RenovAr, el programa de licitaciones de energías renovables que transformó la matriz eléctrica argentina durante la década pasada, atraviesa en 2026 un momento de transición incierta. Con 9,9 gigavatios (GW) de capacidad nueva en operación, 193 proyectos funcionando, 44 en construcción y más de 11.500 millones de dólares en inversión directa, el programa alcanzó cifras históricas. Sin embargo, a junio de 2026 no se han anunciado nuevas rondas de licitación tradicionales bajo la marca RenovAr, y el gobierno de Javier Milei parece haber pivotado hacia otros instrumentos de promoción de las energías limpias.
RenovAr fue lanzado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri como un mecanismo de subastas internacionales para la compra de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. El programa se estructuró en rondas sucesivas: RenovAr 1 (2016, 1.000 MW), RenovAr 1.5 (2016, 1.200 MW), RenovAr 2 (2017, 1.200 MW), RenovAr 3 (2019, más de 300 MW en la modalidad MiniRen), además del régimen del Mercado a Término de Energías Renovables (MaTER) que permitió contratos bilaterales entre generadores y grandes consumidores.
Los números acumulados del programa son impresionantes. Según datos de la Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (RELP), a diciembre de 2025, 193 proyectos resultantes de las subastas de RenovAr y las implementaciones de MaTER ya estaban en operación, y 44 se encontraban en construcción. El total de inversión directa alcanzaba los 11.500 millones de dólares, con 9,9 GW de capacidad de nueva construcción. Estos proyectos ya habían creado más de 26.640 empleos directos e indirectos, evitado 49,1 millones de toneladas de emisiones de CO2 y ahorrado más de 10.500 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles y costos variables del sistema. Se proyecta que, durante toda la vida útil de estos proyectos, los ahorros totales superen los 40.000 millones de dólares.
El programa RenovAr y MaTER permitieron a Argentina cubrir el 16% de su demanda eléctrica en 2024 con fuentes renovables, y se estima que evitarán aproximadamente 312 millones de toneladas de CO2 equivalente a lo largo de 20 años. El programa convirtió a las renovables en la fuente de energía más barata sin subsidios del país. En el índice de Atractividad de Países para Energías Renovables de Ernst & Young (RECAI), Argentina llegó al puesto número 9 a nivel global y número 1 para América Latina en abril de 2019, apenas dos años después de ingresar al ranking por primera vez.
El éxito de RenovAr se construyó sobre un mecanismo innovador de des riesgo financiero. En el corazón de este esquema estaba la participación de instituciones financieras multilaterales, incluyendo el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC). RenovAr aseguró un novedoso esquema de garantía del Banco Mundial, diseñado ad hoc e implementado por 730 millones de dólares, que protegió a los inversores de la inestabilidad económica argentina. La Corporación Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) proporcionó una garantía de 480 millones de dólares para respaldar ciertas obligaciones gubernamentales bajo el programa, ayudando a Argentina a desbloquear su potencial de energías renovables al crear un mercado y movilizar unos 3.200 millones de dólares de inversiones mayoritariamente privadas.
Sin embargo, el programa RenovAr en su formato original parece haber quedado en stand-by. La última ronda de licitación, la MiniRen 3, se realizó en 2019 y adjudicó 52 proyectos de pequeña escala con precios promedio de 58,2 USD/MWh para eólica, 57,9 USD/MWh para solar fotovoltaica, 106,1 USD/MWh para biomasa, 159 USD/MWh para biogás, 129,5 USD/MWh para biogás de relleno sanitario y 103,6 USD/MWh para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Desde entonces, no se han anunciado nuevas rondas de RenovAr propiamente dichas.
En su lugar, el gobierno de Milei ha optado por dos vías alternativas para impulsar las energías renovables:
1. Subastas de almacenamiento de energía (BESS) En septiembre de 2025, Argentina concluyó su primera licitación de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), adjudicando 667 MW de proyectos —superando ampliamente la meta de 500 MW— tras recibir ofertas por un total de 1.347 MW de 15 empresas. Los proyectos seleccionados, que representan más de 540 millones de dólares en inversión, se instalarán en el área metropolitana de Buenos Aires y se espera que entren en operación dentro de 12 a 18 meses.
En marzo de 2026, la Secretaría de Energía lanzó una nueva licitación internacional buscando 700 MW adicionales de capacidad de almacenamiento en baterías bajo un nuevo programa. Esta segunda ronda busca consolidar la infraestructura de almacenamiento que permite integrar de manera más eficiente la energía renovable variable (eólica y solar) al sistema eléctrico nacional.
Trina Storage, un proveedor global de soluciones de almacenamiento a escala de utilities, anunció en enero de 2026 contratos de suministro de sistemas BESS por un total de 1.203 GWh en América Latina, incluyendo proyectos con YPF Luz en Argentina. Estos contratos se suman a los 1,2 GWh de sistemas BESS ya entregados por Trina Storage en América Latina en 2025.
2. Proyecto de Ley de Transición Energética En abril de 2026, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) presentó un proyecto de Ley de Transición Energética que busca establecer las bases para la descarbonización de la matriz energética argentina. Marcelo Álvarez, presidente de CADER, explicó que la ley se divide en siete capítulos con autonomía operativa: hidrógeno verde, uso eficiente de la energía, continuidad de la Ley 27.191 para renovables, tratamiento del oil & gas residual, infraestructura de redes y financiamiento.
El proyecto propone la creación de un Instituto Autárquico para el desarrollo del sector energético, que actuaría como autoridad de aplicación y ajustaría las metas legislativas en función de la evolución de las tecnologías y los costos internacionales. Un elemento clave es que la ley no requiere recursos del Tesoro Nacional: según Álvarez, la seguridad jurídica y la hoja de ruta son suficientes para atraer financiamiento internacional.
3. El RIGI como vehículo para renovables El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque no diseñado específicamente para energías renovables, ha sido utilizado para proyectos de gran escala que incluyen componentes limpios. El Parque Eólico Olavarría, aprobado bajo RIGI en marzo de 2026 con una inversión de 275 millones de dólares, es el primer proyecto de generación renovable del país que incorpora infraestructura de transmisión financiada por el sector privado e integrada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Desarrollado por PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia) junto con Acindar (ArcelorMittal), el parque instalará 29 aerogeneradores Vestas con 185,6 MW de capacidad total.
Además, AES Argentina desarrolla los parques eólicos Vientos Bonaerenses III y IV en Tornquist y Bahía Blanca, con 16 turbinas y 99,1 MW de capacidad total, financiados parcialmente por IDB Invest con un préstamo de 40 millones de dólares.
El desafío de la transmisión Uno de los cuellos de botella más críticos que enfrenta el sector renovable argentino es la infraestructura de transmisión. La capacidad existente apenas es suficiente para soportar los proyectos adjudicados en las licitaciones anteriores, pero luchará con rondas futuras. En particular, los enlaces de red en áreas con buenos recursos eólicos son limitados o, en algunos casos, inexistentes. El proyecto Olavarría representa un avance al incorporar transmisión financiada privadamente, pero se necesitan muchos más proyectos de este tipo para desbloquear la capacidad renovable adicional.
Perspectivas Aunque RenovAr en su formato original no ha continuado, el ecosistema de energías renovables en Argentina sigue activo a través de subastas de almacenamiento, proyectos bajo RIGI y la iniciativa legislativa de CADER. La meta del 20% de renovables para 2025, fijada por la Ley 27.191, fue superada en términos de capacidad adjudicada, aunque la porción efectivamente operativa aún se encuentra por debajo de ese umbral en algunas mediciones.
Para que Argentina mantenga el impulso de transición energética, se requiere una política pública clara que combine la continuidad de los mecanismos de subasta con la innovación en almacenamiento, la expansión de la transmisión y la integración del hidrógeno verde. El proyecto de Ley de Transición Energética, si logra consenso parlamentario, podría ser el instrumento que unifique estos esfuerzos dispersos en una estrategia nacional coherente.
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Eólica offshore en Argentina: el potencial de 1.870 GW que nadie explora

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1 mes ago

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Argentina posee uno de los potenciales de energía eólica offshore más grandes del mundo, estimado en 1.870 gigavatios (GW) de capacidad técnica instalable, pero a junio de 2026 no existe ni un solo proyecto en desarrollo en aguas argentinas. Mientras Brasil, Chile, Colombia y Uruguay avanzan con licitaciones, acuerdos de joint venture y perforaciones exploratorias, la Argentina permanece al margen de una de las fronteras energéticas más prometedoras del siglo XXI.
El mapa de potencial técnico para eólica offshore en Argentina, elaborado por el Grupo Banco Mundial a través del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (ESMAP), revela cifras extraordinarias. El potencial total de 1.870 GW se desagrega en 558 GW para turbinas fijas (en aguas de menos de 50 metros de profundidad) y 1.312 GW para turbinas flotantes (en aguas de hasta 1.000 metros de profundidad). Estas cifras posicionan a Argentina como el país con mayor potencial offshore de toda América Latina, superando ampliamente a Brasil (1.228 GW) y dejando en situación marginal a mercados más avanzados como Chile o Colombia.
El estudio del Banco Mundial, publicado en 2020 y actualizado periódicamente, utiliza datos del Global Wind Atlas (versión 3.0), una aplicación web gratuita que proporciona datos con resolución de 250 metros basados en los últimos conjuntos de datos de entrada y metodologías de modelado. La metodología se describe en el informe Going Global: Expanding Offshore Wind to Emerging Markets, publicado en octubre de 2019.
A pesar de este potencial colosal, la realidad del sector eólico offshore argentino en 2026 es de absoluta inexistencia. No hay proyectos en licitación, no hay zonas de desarrollo delimitadas, no hay marco regulatorio específico y no hay inversiones anunciadas. La totalidad de la energía eólica argentina proviene de parques onshore, concentrados principalmente en la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, Río Negro) y en la región pampeana (Buenos Aires, La Pampa).
El contraste con la región es llamativo. En octubre de 2024, Eletrobras, una de las empresas de energía más prominentes de América Latina, firmó un acuerdo preliminar con Ocean Winds —joint venture de EDP Renováveis y Engie— para desarrollar proyectos de eólica offshore en Brasil. Este acuerdo busca aprovechar la extensa costa brasileña y las buenas condiciones de viento para satisfacer la creciente demanda de energía renovable. En Colombia, siete empresas extranjeras, incluyendo a la belga DEME y la china PowerChina, mostraron interés en un proyecto de eólica offshore, indicando el atractivo global de las inversiones en energías renovables de la región.
En Uruguay, la exploración offshore de aguas profundas entró en una nueva fase en 2026, con compromisos de perforación ya asumidos. APA Corporation anunció la perforación de un pozo exploratorio en el bloque OFF-6 hacia 2026-2027, mientras que Chevron asumió la operación del bloque OFF-1 y ENI ingresó como socio de YPF en el bloque OFF-5. Aunque estos proyectos son de hidrocarburos y no de eólica, demuestran la actividad creciente en aguas del Atlántico Sur.
El mercado latinoamericano de eólica offshore, aunque incipiente, muestra signos de aceleración. Según IMARC Group, el mercado alcanzó un tamaño de 378,7 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 1.139,9 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,37% durante 2026-2034. Argentina figura explícitamente en el análisis de países, pero su participación es meramente potencial, no efectiva.
Las barreras que impiden el desarrollo de la eólica offshore en Argentina son múltiples y estructurales:
  1. Ausencia de marco regulatorio: No existe una ley o resolución que regule la instalación de parques eólicos en aguas jurisdiccionales argentinas. La Ley 27.191 de Energías Renovables, que fijó la meta del 20% de energías renovables para 2025, no contempla específicamente la eólica offshore.
  2. Falta de delimitación de zonas: No se han definido áreas marinas para el desarrollo de proyectos eólicos, ni se han realizado estudios de impacto ambiental estratégicos que identifiquen zonas compatibles con otras actividades (pesca, navegación, defensa, áreas protegidas).
  3. Infraestructura portuaria insuficiente: La instalación de parques offshore requiere puertos con capacidad para recibir componentes de gran porte (palas, torres, nacelles) y embarcaciones de instalación especializadas. Ningún puerto argentino está actualmente equipado para esta logística.
  4. Costo del capital elevado: Argentina enfrenta tasas de interés significativamente más altas que las de países competidores, lo que encarece el financiamiento de proyectos intensivos en capital como la eólica offshore.
  5. Prioridad del onshore: Con un potencial eólico onshore aún subutilizado —especialmente en Patagonia—, los inversores y el gobierno han concentrado sus esfuerzos en desarrollar parques terrestres, que son más simples y menos costosos.
  6. Falta de cadena de valor local: La industria naval argentina no tiene experiencia en la fabricación o mantenimiento de estructuras offshore, lo que implica que todos los componentes deberían importarse, encareciendo los proyectos.
Sin embargo, hay señales que indican que la eólica offshore podría comenzar a figurar en la agenda energética argentina. El proyecto de Ley de Transición Energética impulsado por CADER en abril de 2026 incluye un capítulo sobre infraestructura de redes, que podría extenderse a la conexión de parques offshore. Además, el RIGI, aunque diseñado originalmente para incentivar grandes inversiones en general, podría adaptarse para proyectos offshore si se presentaran propuestas viables.
El mercado global de eólica offshore flotante, en particular, presenta una oportunidad interesante para Argentina. Según Research Nester, este mercado alcanzó un tamaño de 477,36 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca a 8.390 millones de dólares para 2035, con una CAGR del 33,2%. La profundidad del mar argentino en muchas zonas costeras hace que la tecnología flotante sea más apropiada que la fija, lo que alinea al país con esta tendencia de crecimiento acelerado.
Los principales actores globales en eólica offshore —Iberdrola, TotalEnergies, Ocean Winds, Siemens Gamesa, GoldWind, Engie, Nordex, Envision Energy— están expandiendo agresivamente en mercados emergentes. Si Argentina logra establecer un marco regulatorio atractivo, estas empresas podrían mostrar interés, dado el tamaño del recurso eólico marítimo.
En síntesis, la eólica offshore en Argentina es, en junio de 2026, un potencial dormido. Los 1.870 GW técnicamente disponibles representan una oportunidad que supera ampliamente las necesidades energéticas del país, pero la ausencia de políticas públicas específicas, infraestructura portuaria y un marco regulatorio claro mantiene a la Argentina rezagada respecto a sus vecinos regionales. Para que este recurso se convierta en realidad, se requiere una decisión política de largo plazo que priorice la eólica offshore como eje estratégico de la matriz energética futura.
Fuentes verificadas:
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