El Gobierno endureció el ingreso al RIGI por Malvinas y ya sancionó a 45 empresas y personas

Un decreto exige declaración jurada e intervención obligatoria de Cancillería para toda solicitud de adhesión al régimen de grandes inversiones. En paralelo, el Palacio San Martín abrió procesos sancionatorios contra firmas y proveedores vinculados a la exploración petrolera en las islas, entre ellas Navitas Petroleum, Chrysaor Holdings y Harbour Energy.

El Gobierno nacional profundizó su ofensiva diplomática y regulatoria sobre  Malvinas, y esta vez el impacto llega directo al corazón del esquema de incentivos para grandes inversiones. A través del Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial y firmado un día antes por Javier Milei, el Ejecutivo modificó la reglamentación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado por el Título VII de la Ley Bases) para blindar el ingreso de capitales vinculados, directa o indirectamente, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas.

Qué cambia en el trámite de adhesión

El decreto incorpora dos modificaciones puntuales al Decreto reglamentario 749/2024:

• Declaración jurada obligatoria. El nuevo inciso s) del artículo 47 exige que toda solicitud de adhesión al RIGI incluya una declaración jurada, firmada por el representante legal del Vehículo de Proyecto Único (VPU), certificando que ni el vehículo ni las personas humanas o jurídicas —nacionales o extranjeras— con participación directa o indirecta en él incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, la norma que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
• Intervención obligatoria de Cancillería. El nuevo artículo 52 bis establece que, presentada esa declaración, la autoridad de aplicación del RIGI deberá requerir «en todos los casos» la opinión de la Cancillería —ahora autoridad de aplicación de la Ley 26.659— antes de resolver la adhesión. El requisito no distingue por sector ni por monto de inversión, y el decreto no prevé un régimen de transición, por lo que también alcanza a las 23 solicitudes que ya estaban en evaluación, por un total de US$ 156.194 millones.

La misma exigencia —declaración jurada más intervención de Cancillería— empezó a regir desde el 5 de septiembre para cualquier permiso o concesión de exploración, explotación o transporte de hidrocarburos bajo la Ley 17.319, es decir, para el trámite tradicional del sector, no solo para el RIGI.

Hasta ahora, la adhesión al régimen se resolvía dentro del Ministerio de Economía y con criterios estrictamente económicos. Desde esta semana, suma un filtro de política exterior.

El objetivo declarado: cerrarle la puerta a Sea Lion

Detrás de la letra fría del decreto hay un blanco concreto. El propio canciller Pablo Quirno lo planteó en estos términos: las empresas deberán elegir entre operar ilegalmente en Malvinas o acceder a los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios del RIGI en la Argentina. El funcionario adelantó además que el criterio se replicará en la reforma legal que el Gobierno prepara para endurecer la Ley 26.659.

El caso testigo es Sea Lion, el proyecto de explotación offshore que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration desarrollan en aguas próximas a las islas. Según Quirno, las firmas vinculadas a ese desarrollo podrían quedar incluso imposibilitadas de operar en Vaca Muerta, el activo que la Casa Rosada usa como contrapeso de negociación.

Entre los proyectos que ya están adheridos al RIGI y que ahora quedan bajo este nuevo esquema de control figuran el oleoducto VMOS, la planta de licuefacción de Southern Energy en Río Negro, Los Azules, Vicuña y buena parte de la cartera de litio del país.

Ya hay 45 sancionados

La medida no quedó en el plano normativo. El mismo 4 de septiembre, la Cancillería informó la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, investigadas por presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley 26.659 por su participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El comunicado oficial precisó que el alcance no se limita a las compañías que operarían de forma ilegítima en la plataforma continental: también incluye a los proveedores que les prestan servicios para sostener esa actividad.

Entre las firmas apuntadas por el proceso sancionatorio están Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc, ambas con sede en Reino Unido, y Navitas Petroleum LP, con sede en Israel, por su rol en el desarrollo del proyecto Sea Lion. Puntualmente, la Cancillería inició actuaciones contra dos subsidiarias de Navitas —Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited—, señaladas como responsables directas del desarrollo offshore.

La lista de compañías que integraron en distintos momentos la disputa por la exploración en aguas próximas a Malvinas incluye también a Falkland Oil & Gas, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy Falklands, Noble Energy y Edison International.

Como antecedente de la presión diplomática, el Gobierno ya había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos vinculados a las islas.

Qué viene: una reforma más dura de la Ley 26.659

El capítulo regulatorio no se cierra acá. Milei anticipó en cadena nacional que enviará al Congreso, con carácter urgente, una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para reformar la Ley 26.659 y ampliar el alcance sancionatorio. Entre los puntos que contemplaría el proyecto:

• Equiparar las penas de las empresas infractoras con las de sus proveedores.
• Restringir la posibilidad de esas firmas de contratar en la Argentina.
• Ampliar el régimen a otras actividades que se desarrollen en las islas, más allá del petróleo —una fórmula que podría alcanzar a la pesca, la logística y el transporte marítimo.
• Contemplar mecanismos de juicio en ausencia cuando corresponda.
• Crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía en una política transversal sobre infraestructura crítica y protección marítima y aeroespacial.

Estas medidas todavía no tienen fuerza de ley y deberán tratarse en el Congreso. Lo que sí está en marcha desde este viernes es la primera etapa del plan: el nuevo filtro para el RIGI, la exigencia extendida a los permisos de la Ley 17.319 y el primer lote de sancionados bajo la Ley 26.659.

Fuentes: Boletín Oficial (Decreto 868/2026), Cancillería argentina, declaraciones del canciller Pablo Quirno y cobertura de Shale24, LA NACION, Infobae, El Cronista y Diario Río Negro.