La Pampa pide frenar el decreto que benefició a Mendoza en regalías

El gobierno de La Pampa, encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender los artículos 3 y 4 del Decreto 982/2026, oficializado el 11 de septiembre, que dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 sobre las regalías hidroeléctricas del sistema Los Nihuiles, en el río Atuel, y dispuso que la totalidad de esos fondos pase a manos de Mendoza. La provincia pampeana busca que la Justicia Federal mantenga el reparto histórico hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El reclamo de La Pampa no se apoya únicamente en el decreto de 1973, sino también en un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la Corte Suprema de Justicia, en el que las tres partes asumieron obligaciones específicas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a la provincia pampeana. Según remarcó el gobierno de Ziliotto, se trata de un acuerdo entre jurisdicciones que ninguna de las partes, incluido el Estado Nacional, puede modificar de manera unilateral.

La presentación judicial cobra un peso adicional porque la validez del régimen de 1973 ya está bajo análisis de la Corte Suprema, en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional. En ese expediente, fue el propio Gobierno nacional el que pidió que se citara a La Pampa por estar directamente afectada por la controversia, pedido que la Corte había admitido el 27 de agosto. Apenas catorce días después de esa resolución judicial, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia adelante el mismo régimen cuya validez todavía se está discutiendo en los tribunales.

Para el gobierno pampeano, la medida del Ejecutivo nacional constituye un avasallamiento de las autonomías provinciales y una vulneración del federalismo de concertación y de la seguridad jurídica, además de un perjuicio patrimonial directo para las arcas provinciales. La cautelar procura además evitar que el nuevo esquema se traslade a las futuras concesiones del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles antes de que exista una decisión judicial definitiva, en un conflicto que reabre la disputa histórica entre las dos provincias por el uso y los recursos del río Atuel.

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